La Ley 15 de 28 de febrero de 2017, según enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de Puerto Rico" (OIG), en su Artículo 7, establece que, como parte de sus funciones entre otras cosas, la OIG tendrá las siguientes facultades, deberes y poderes:

    G. Llevar a cabo aquellos estudios, exámenes y evaluaciones que se consideren necesarios para medir, mejorar y aumentar la efectividad, la eficiencia y la economía en el funcionamiento de las entidades gubernamentales, así como recomendar la eliminación de disposiciones reglamentarias o reglamentos innecesarios, mejorar el servicio al pueblo y recomendar la eliminación de procedimientos ineficientes e inefectivos.

    K. Proveer asistencia y asesoramiento a las entidades gubernamentales en el desarrollo de estudios administrativos, evaluaciones en el diseño de sistemas de procedimientos gerenciales y en la implantación de las medidas correctivas adoptadas conjuntamente.

Esta sección contiene informes de la OIG, relacionados a intervenciones, servicios de asistencia y asesoramiento, entre otros, a entidades gubernamentales bajo nuestra jurisdicción.