La OIG concluyó que el DCR cumplió parcialmente con la orden del 17 de junio de 2025. Se le ordenó detener pagos pendientes hasta que se presenten facturas e informes conforme a la regulación, iniciar acciones de recobro por pagos indebidos bajo contratos específicos, y presentar certificaciones de cumplimiento. Se advierte que el incumplimiento puede conllevar sanciones administrativas, incluyendo restitución de fondos, nulidad de contratos y referidos disciplinarios.