La querella detalla que el funcionario del DTOP, responsable de certificar la estructura de la Unidad de Auditoría Interna, reportó solo cuatro puestos activos, omitiendo nueve puestos existentes a pesar de tener acceso al registro oficial. Esto constituyó incumplimiento a la Ley 15‑2017 y a memorandos de la OIG, afectando la transferencia obligatoria de personal, equipos y fondos a la OIG. La omisión provocó falta de recursos para la OIG y un daño económico estimado en $1,944,876. Además, se identificaron certificaciones falsas en 2019 y 2021, incumplimiento de órdenes administrativas y violaciones a regulaciones éticas y administrativas, dando lugar a sanciones potenciales bajo la Ley 15‑2017.