El informe examina el cumplimiento del Departamento de Seguridad Pública con regulaciones sobre controles de acceso físico y lógico en las operaciones de cámaras de vigilancia bajo SAMISA. Se identifican fallas en autorizaciones de acceso, custodia de tarjetas electromagnéticas, auditorías de sistemas, uso de dispositivos externos, manejo de teléfonos móviles y ausencia de controles en salas críticas. También se evidencian deficiencias en la planificación y ejecución de la restauración del sistema de cámaras, compras excepcionales, demoras operacionales, carencia de documentación detallada en contratos y facturas, y problemas en la verificación e inventario de activos. La Oficina del Inspector General emite múltiples recomendaciones y requiere la integración de los hallazgos en un Plan de Acción Correctiva para fortalecer controles, transparencia y el uso adecuado de fondos públicos.