El informe presenta un estudio transversal sobre el cumplimiento de múltiples entidades públicas con la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico y otras normativas relacionadas con el control de activos fijos. Se evaluaron prácticas como inventarios físicos, registros contables, medidas de seguridad y reportes de pérdidas. El análisis incluye hallazgos comunes, deficiencias recurrentes y recomendaciones para mejorar la gestión de propiedad pública.