La OIG realizó un estudio entre julio de 2021 y junio de 2024 para evaluar la eficiencia de la DPI en la atención de querellas, cumplimiento de órdenes judiciales y solicitudes de servicios. Se identificaron demoras significativas, falta de reglamentos actualizados y deficiencias en la gestión documental. La OIG recomendó medidas para mejorar la eficiencia y garantizar los derechos de las personas con impedimentos.