La OIG analizó alegaciones sobre posibles violaciones en el uso de vehículos oficiales bajo la administración del pasado director ejecutivo de la ACAA. La evaluación reveló deficiencias en la documentación, asignación, uso y control de la flota vehicular, así como falta de adiestramientos y ausencia de registros formales. No surgieron elementos suficientes para continuar una investigación formal, pero se identificaron riesgos operacionales relevantes. El informe incluye recomendaciones dirigidas a reforzar controles internos, actualizar la normativa vigente y capacitar al personal para garantizar una administración adecuada y prevenir uso indebido de propiedad pública.