La OIG identificó que una funcionaria de la AVP pudo haber incumplido restricciones de la Oficina de Ética Gubernamental al participar en procesos de contratación a través de una empresa privada. Además, se confirmó que otra funcionaria intervino en el nombramiento de su sobrina sin contar con dispensa ni autorización, lo que constituye un posible conflicto de interés.