Esta Ley crea un marco legal obligatorio para que todas las entidades gubernamentales notifiquen pérdidas o irregularidades relacionadas con fondos y propiedad pública. Surge debido a que múltiples agencias y municipios no han cumplido con la notificación requerida, acumulando cientos de casos sin completar y pérdidas millonarias. La Ley establece definiciones, responsabilidades del funcionario principal y del oficial de enlace, plazos estrictos de investigación, requisitos de registro electrónico, sanciones administrativas y referidos al Departamento de Justicia y Oficina de Ética. También deroga el Artículo 74-A del Código Político y dispone el                      desarrollo de sistemas digitales para la gestión de notificaciones.      

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