Esta ley modifica varios artículos de la Ley 2‑2018 con el fin de fortalecer el marco anticorrupción del Gobierno de Puerto Rico. Refuerza los poderes de investigación, ordena actualizar reglamentos, fomenta la cooperación interagencial y fortalece el “Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción”. Su objetivo es mejorar la fiscalización, evitar duplicidad de esfuerzos, asegurar procesos adecuados y reforzar la comunicación entre agencias para combatir la corrupción con mayor eficacia.

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