La OEG presentó una querella contra Manuel B. Martínez Giraud por alegadas violaciones al Art. 4.2(s) de la Ley de Ética Gubernamental al ofrecer asesoría a un empleado de PSW en casos ante DACO, afectando la apariencia de imparcialidad. Aunque se desestimó una de las imputaciones, se le impuso una multa de $8,000, confirmada por el Tribunal de Apelaciones. Ante revisión, el Tribunal Supremo aclaró que, aunque generalmente rige la preponderancia de la prueba en foros administrativos, en casos de ética gubernamental el estándar debe ser uno más exigente: prueba clara, robusta y convincente, dada la naturaleza acusatoria y las consecuencias disciplinarias.

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