La OIG examinó un contrato entre el DRNA y una empresa para administrar trámites digitales. Aunque el contrato establecía un costo simbólico, la empresa generaría ingresos por cargos de conveniencia. No se evidenció análisis de costos ni aprobación de PRITS, como exige la Ley 75-2019. Se recomendó subsanar las deficiencias contractuales.