La OIG investigó alegaciones de que exempleadas acogidas al Programa de Preretiro Voluntario fueron subcontratadas por compañías privadas para continuar ofreciendo servicios en el Departamento. Se determinó que el Departamento facilitó estas contrataciones, a pesar de que los puestos eran esenciales y requerían autorización de la OGP. Se recomendó revisar el cumplimiento con la Ley 106-2017.