La OIG examinó contratos de arrendamiento otorgados por el DTOP para reubicar el CESCO de Bayamón. Se detectaron deficiencias como el desembolso de $58,650 por un local no utilizado, ausencia de cláusulas mandatorias y falta de estudios de renta actualizados. Se recomendó a la Junta Revisora de la Propiedad Inmueble revisar y fortalecer la reglamentación aplicable.
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