La Oficina del Inspector General evaluó la OIPC y encontró que no contaban con documentación adecuada para representación legal, ni con una base de datos confiable. Tampoco habían establecido procedimientos internos ni realizado estudios sobre servicios esenciales. Se emitieron recomendaciones para corregir estas deficiencias y se solicitó a la dirección de la OIPC que informe las acciones correctivas tomadas.