La Oficina del Inspector General (OIG) realizó un estudio conforme al Memorando OIG-ME-2023-02 y las disposiciones de la Ley Núm. 38-2017 (Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme). El objetivo fue evaluar si las entidades gubernamentales han cumplido con la obligación legal de revisar y actualizar sus reglamentos al menos cada cinco años. Se analizaron 2,986 reglamentos publicados en el Registro Electrónico del Departamento de Estado, encontrando que aproximadamente el 90% no han sido revisados o actualizados en el periodo requerido. El estudio también identificó deficiencias en la implementación de procedimientos internos y normativas administrativas. La OIG emitió recomendaciones para fortalecer la gobernanza, asegurar el cumplimiento normativo y promover la eficiencia en la gestión pública.