La Oficina del Inspector General (OIG) investigó al Departamento de Agricultura (DA) por alegaciones de conflicto de interés de un exfuncionario en proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas. Se identificó que dicho funcionario tenía vínculos con una empresa beneficiada por decisiones tomadas durante su gestión. Además, se halló incumplimiento con la Ley 159-2013, al no grabar ni publicar reuniones de las Juntas de Gobierno de entidades adscritas como la ATPR y la CSA. La OIG recomendó reforzar normativas internas y exigir cumplimiento con la ley. Se solicitó un Plan de Acción Correctiva en 30 días y se refirió el caso a la Oficina de Ética Gubernamental.