Pescadores de arenque cuestionaron una regulación del Servicio Nacional de Pesca Marina que imponía a la industria el financiamiento obligatorio de programas de monitoreo marítimo. Alegaron que la Ley Magnuson-Stevens no autorizaba tal obligación y que la agencia no siguió los procedimientos adecuados. Tribunales inferiores validaron la norma aplicando la doctrina Chevron, que ordenaba deferencia a la interpretación administrativa cuando una ley era ambigua. El Tribunal Supremo revocó Chevron, sosteniendo que los tribunales deben interpretar las leyes directamente y no ceder esa función a las agencias federales.

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